Domingo, a través del Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura (IE-FIA) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas
(ODPP), señalaron que la firma precipitada del pacto eléctrico no era la
eficiencia del sistema eléctrico nacional, sino garantizar el aumento de la
tarifa eléctrica.
Durante una rueda de prensa realizada en
la sede central de esa academia, expresaron que el único sacrificado en los
aumentos de tarifa eléctrica es el consumidor final de ese servicio.
El maestro Luis Guzmán, del Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, vocero en el
encuentro con los medios de comunicación de prensa, recordó que hubo acuerdos
en el marco de las discusiones y que de la misma manera desacuerdos y que fueron recogidos como disensos, que se
incluyeron en los documentos del Consejo Económico y Social, (CES).
“Se estableció que nada estaba aprobado
hasta que todo fuera acordado, y por consiguiente si había disensos, entonces
oficialmente no había oficialmente Pacto Eléctrico", subrayó Guzmán.
Expresó que el ajuste de los precios de
venta de energía tenía como pre-condición la revisión y la modificación de la
estructura de costos de las distribuidoras de la electricidad, así como
realizar una auditoría a la estructura de costos de las empresas de generación.
Dijo que también se contempla el
desmonte de las pérdidas técnicas y no técnicas en un periodo razonable en
donde se establece un pacto de cinco años para pasar de las tarifas vigentes a
la de referencia o técnica inicial, pero sin terminar de definir cómo se
procedería para eso y sin acuerdos concluyentes.
"Todos los costos deben ser
revisados, desde la compra de los combustibles, los costos de transporte
terrestre, las exenciones fiscales existentes, y finalmente revisar, la tasa de
beneficio de cada uno de estos actores es este sub-sector con el fin de
determinar el precio de la energía eléctrica", señaló Luis Guzmán.
Destacó que mientras esas deficiencias no se corrijan,
los consumidores de electricidad seguirán pagando altas tarifas, y que si el
gobierno no revisa previamente la estructura de costos no es posible modificar
de manera justa la tarifa eléctrica.
"Esperamos que el Consejo Económico
Social tenga la voluntad de manejar con transparencia y equilibrio la
convocatoria a revisar el Pacto Eléctrico, permitiendo que los representantes
de la sociedad civil participen en las discusiones en igualdad de condiciones
como lo establecen las normas del CES, el reglamento de discusión del Pacto
Eléctrico, y el Decreto que lo convocó", concluyó Guzmán.
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